Estalla la IP contra reforma que impide amparos fiscales

+ La cúpula empresarial del país se reunió con senadores para ofrecer su visión sobre el paquete fiscal 2010.

El sector empresarial mostró su preocupación y se manifestó en contra del proyecto de reforma al artículo 107 constitucional que impediría ampararse contra leyes en materia fiscal y de las reformas al régimen de consolidación fiscal, pues de aprobarse atentarían en contra de la planta productiva, a la vez que limitarían la inversión y, además, afectarían gravemente la generación de empleos.

Coincidieron en señalar lo anterior los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Miguel Marón Manzur; de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), Arturo Mendicuti, y del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Valentín Diez Morodo, quienes expusieron que intensificarán su cabildeo con el Senado para evitar que prosperen dichas propuestas, que en lugar de apoyar a las empresas les ocasionan graves perjuicios financieros, con lo que peligra su crecimiento y competitividad.
Manifestaron su confianza en el sentido de que los senadores revisarán minuciosamente el ISR y el IEPS; de lo contrario, dijeron, habrá menos inversión para la producción con graves consecuencias para la planta laboral.

Para el dirigente de los industriales, la preocupación mayor tiene que ver con el ajuste retroactivo de las reglas para el pago del ISR diferido para empresas que consolidan fiscalmente, así como el aumento del IEPS en algunos casos.

Cabe recordar que la consolidación fiscal es un sistema en el que se permite a un grupo de empresas relacionadas entre sí tributar como si fueran un solo contribuyente, ya que permite el libre flujo de dividendos entre las sociedades del grupo, así como la amortización de pérdidas entre las sociedades del grupo.

Marón Manzur indicó que las empresas que se han manejado con el régimen de retroactividad lo han hecho estrictamente bajo la ley, pero se "nos hace muy extraño que quien emite y saca adelante las leyes esté cambiándolas y haga una retroactiva cuando esto no debe ser, porque se comete un error muy grande".

Respecto a un cálculo de cuánto pudiera ser la cifra de inversión para el próximo año, dijo que no tenía una cantidad exacta, pero lo que se ha visto es que para finales de este año y a principios del otro ya se puede dar un punto de inflexión sobre cuál será la tendencia de la economía nacional, que ya se empieza a dar de alguna manera en cuanto al crecimiento y la generación de empleos, aunque no se recuperarán los niveles de los años anteriores; el cambio ya se está dando, pero hay que trabajar para tomar medidas en ese sentido y evitar quedar rezagados con respecto a otros países.

En este sentido, el representante máximo de los comerciantes en el Distrito Federal, Arturo Mendicuti, expuso que esta situación obliga a los integrantes de los sectores productivos y comercial a que en lugar de estar planeando nuevos negocios, se encuentren en un clima de incertidumbre e incluso piensen en el cierre de empresas.

"Es el peor momento para gravar a las empresas aún más. Por otra parte se mandan malas señales a los empresarios, inversionistas y esto también inhibe el crecimiento  y la generación de empleos", aseguró Armando Paredes, presidente del Consejo  Coordinador Empresarial.

A su vez, Diez Morodo mencionó que para los empresarios del país la Ley de Ingresos de 2010 está incompleta, además de ser injusta e impositiva, ya que mantiene privilegios fiscales, alienta la informalidad y resulta peligrosa ante el riesgo de que detone una nueva burbuja inflacionaria.

EL ARTÍCULO EN DISPUTA
La iniciativa adiciona una fracción VII Bis al artículo107 constitucional fue aprobada el 31 de marzo en san lázaro y enviada al Senaod en espera de su análisis.

CÓMO ESTÁ
LA FRACCIÓN VII, tal como está en la Constitución, señala: El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecte a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.

CÓMO QUEDARÍA
Con la reforma, la fracción adicionada VII Bis establece: Los juicios de amparo que se promuevan contra leyes en materia fiscal tendrán efectos generales cuando se tramiten de manera colectiva o cuando por su importancia y trascendencia así lo ameriten, en los términos y condiciones que señale la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución.

Estos juicios serán resueltos en única instancia por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las sentencias que se emitan en los juicios de amparo a que se refiere esta fracción tendrán efectos generales. Éstas deberán ser aprobadas por cuando menos ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley en materia fiscal, en caso de no lograrse tal votación, se desestimarán los argumentos materia del juicio y no podrán ser revisados sino por el pleno SCJN, en los casos y plazos que diga la ley.

EFECTOS
La declaración de inconstitucionalidad a la que se refiere esta fracción no tendrá efectos retroactivos. Las sentencias así publicadas dejarán sin efecto, en adelante, aquellas sentencias de amparo dictadas previamente y que se contrapongan a las mismas.

No procederá el otorgamiento de suspensiones provisionales ni definitivas en los juicios de amparo con efectos generales. Las suspensiones provisionales o definitivas decretadas por un Juzgado de Distrito en los juicios que se encuentren en trámite al momento de la actualización del supuesto del artículo 107, fracción VII Bis, de esta Constitución, serán revocadas por el juez que las haya otorgado, en los términos de ley.

APOYAN DIPUTADOS A EMPRESARIOS
Los diputados federales Jorge Herrera Caldera, del PRI, y Samuel Moreno Terán, del PVEM, apoyaron la postura de los empresarios de rechazar los cambios al régimen de consolidación fiscal porque la Ley de Ingresos 2010 es "impositiva".

Los empresarios consideran anticonstitucional el ajuste retroactivo al régimen de consolidación fiscal, propuesto por el Ejecutivo Federal y que se encuentra a discusión en el Senado de la República.

En ese sentido, el priísta Herrera Caldera, del equipo económico del PRI, destacó que de prosperar la consolidación fiscal en el Senado de la República, las empresas tendrán todos los derechos y libertades, en el ejercicio de sus facultades, de ampararse contra la Secretaría de Hacienda.

Reconoció que hay inquietudes de empresarios por todo lo que representa la consolidación fiscal; es una medida que el Congreso ha aprobado y va a depender mucho de todo el trabajo de los senadores, dijo.

El secretario de la Mesa Directiva, Samuel Moreno Terán, del Partido Verde Ecologista, apuntó que son los empresarios los que generan la actividad económica y la generación de empleos en el país "y por tanto debemos de cuidarlos".

Calificó de válida su manifestación en contra del paquete fiscal, que es recaudatorio cien por ciento. Debemos de pensar y tomar en cuenta la opinión de los empresarios del país, dijo.

[Arturo Lino y Gabriel Xantomila ]

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