+ Necesario incrementar competencia en el sector de tortillerías.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), acusó a gobiernos municipales de obstaculizar la libre competencia en la venta y distribución de tortilla, lo que deriva en precios poco competitivos en detrimento de la población.
Derivado de un estudio que realizó la institución, resulta que en diferentes municipios del país existen reglamentos y disposiciones que derivan en prácticas comerciales desleales, como prohibir la participación de varios proveedores en una región, que los vecinos aprueben la instalación de una nueva tortillería o incluso que la organización de tortilleros de la zona emita su beneplácito para la instalación de un negocio.
Ante ello, la institución recordó que la libre competencia trae consigo menores precios y mayor calidad en los bienes y servicios que se comercian bajo esta condición, por lo que afirmó que debido a que la tortilla es un producto de consumo generalizado y que representa un gasto importante para las familias de bajos recursos, liberar la competencia en estos mercados beneficiará sus ingresos.
"La política de competencia es un instrumento esencial para mejorar la competitividad de las empresas y el bienestar de los consumidores; mediante ella se previenen barreras artificiales a la competencia y conductas anticompetitivas, además de promover regulaciones que no afecten los mecanismos de mercado", afirmó.
A través de un estudio, la Profeco indicó que a fin de conocer las condiciones regulatorias aplicables a tortillerías, su Dirección General de Estudios sobre Consumo solicitó reglamentos municipales en esta materia a la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación.
En respuesta, dijo que dicha Dirección General proporcionó 78 reglamentos municipales del mismo número de municipios de 13 estados del país. En la revisión se identificaron 51 reglamentos con artículos que parecen contravenir la competencia.
En este sentido, comentó que autoridades municipales asignan áreas a tortillerías mediante la restricción geográfica o la prohibición de la distribución a domicilio, fijan el precio de venta, estipulan que el nuevo negocio se encuentre a una distancia que no afecte a los ya existentes, solicitan dictamen de alguna organización de industriales del ramo para autorizar nuevas aperturas y hasta citan entre sus argumentos de la restricción geográfica el riesgo por almacenamiento de gas LP.
Por ejemplo, la Profeco precisó que el Reglamento de molinos y tortillerías del municipio de Ocuituco, Morelos, publicado el 14 de febrero de 2007, establece de manera explícita una fijación de precio y hasta afirma que se impondrá multa de quince a veinte días de salario mínimo a quien elabore tortillas en fondas, taquerías restaurantes, o similares con fines contrarios a los del servicio. Asimismo, reveló que en los reglamentos de los municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, los tres de Sinaloa, solicitan se establezca un compromiso por escrito de no transgredir el área de influencia de otras negociaciones del mismo ramo. Incluso, dijo que en los municipios de Angostura, Elota, Navolato, Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito y Sinaloa, los siete en Sinaloa, y Frontera, Coahuila, se solicita un documento de aceptación de alguna organización de industriales del ramo para autorizar la apertura de un nuevo establecimiento a una distancia de 400 a 600 metros de los negocios ya establecidos.
Por lo anterior, la Profeco insistió en la necesidad de promover la libre competencia en los distintos productos y mercados con el fin de favorecer a los consumidores.
[Alejandro Durán (OEM)]